La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá que explicar cómo se gestó la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza para reunirse con los genocidas que están allí presos. Las explicaciones fueron requeridas este viernes mientras crecía el escándalo por el encuentro entre los legisladores oficialistas y los represores.

El 11 de julio pasado, Alfredo Astiz –emblema del genocidio– recibió visitas: había llegado una comitiva integrada por Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra. Con Astiz estaban otros represores como Antonio Pernías, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason (hijo) y Honorio Carlos Martínez Ruiz. La información se conoció esta semana a través de una publicación de La Política Online, y generó un tembladeral.

Astiz tiene dos condenas a perpetua que fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Obligado es el juez de ejecución del represor que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y que se infiltró en el movimiento de derechos humanos --infiltración que terminó con tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas secuestradas, torturadas y arrojadas a las aguas del Mar Argentino. 

En ese rol, Obligado le envió este viernes un oficio a Bullrich para que con “carácter urgente” informe cómo fue el trámite administrativo para que los seis diputados de LLA entraran a la cárcel. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende de Bullrich. Durante la campaña, Carlos Manfroni –actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad– había dicho que estaba trabajando en una “solución” para los mayores de 70 años que están detenidos por crímenes contra la humanidad.

La empatía del gobierno con los represores encendió todas las alarmas. En Comodoro Py, el comentario de los jueces es que la visita sale de lo ordinario y que, en todo caso, debe ser tomada como una reunión entre presos y diputados nacionales. El encuentro fue organizado por Benedit, quien ya había estado antes en Ezeiza y se había comprometido a volver con otros legisladores.

A partir de que se conoció la reunión en Ezeiza, Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la comisión de crímenes contra la humanidad de ese tribunal, exhortó a Obligado a averiguar cómo se había organizado el encuentro y a tomar las medidas que fueran necesarias.

En su oficio, Slokar le había señalado al juez del TOF 5 que existen compromisos internacionales del Estado argentino que obligan a “erradicar la impunidad”. Recordó lo que ya ha escrito en sus fallos: que los crímenes de este tipo resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía y que con su silencio los represores siguen cometiendo sus crímenes. “Las víctimas y sus familias llevan años esperando saber cuál fue el destino de las y los desaparecidos, así como de las y los niños apropiados, hoy adultas y adultos privados de su identidad”.

Se espera que en el transcurso de la semana Bullrich responda al oficio de Obligado. Informalmente había trascendido que Benedit había coordinado la excursión con Fernando Martínez, titular del SPF.

Después de que tomó estado público la visita, Benedit hizo un descargo en un chat de LLA en el que rechaza referirse a Astiz y compañía como represores y los llamaba “excombatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista”. Esos dichos le valieron una denuncia por apología del crimen que fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La presentación quedó radicada en el juzgado federal 6, a cargo de Ariel Lijo.

Benedit intentó animar a sus compañeros de bancada para que formulen pedidos de juicio político contra los jueces que condenaron a los represores y los mantienen presos. Dijo que los juicios de lesa humanidad son una "farsa" y que los magistrados fallan por “ideología”, por lo que deberían ser denunciados ante el Consejo de la Magistratura.

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