“Empezamos a hacer una investigación a raíz de una denuncia en febrero del año 2023, fuimos avanzando, hicimos algunos cruces de información con documentación que nos fue brindando a cuentagotas Anses y Andis, después hicimos unos allanamientos, donde obtuvimos documentación muy importante y relevante para la causa”, describió Amad sobre la causa que tiene a 13 personas imputadas por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.

El fiscal federal, consultado por CIUDAD TV, señaló que esa documentación “hablaba de la relación que existían entre las personas que estaban siendo investigadas y el objeto procesal de la causa que era otorgar pensiones truchas a personas que no tenían ningún grado de incapacidad o de discapacidad. Así las cosas, fuimos peinando las 740 carpetas, que son la mal otorgadas y hay de todo, hay certificados truchos de gente de 26 años que por una torcedura de tobillo, personas que tienen chagas o diabetes o alguna de esas enfermedades que no son ni discapacitantes ni incapacitantes”, expuso. 

Sobre las 13 imputaciones, explicó la importancia de los cuadernos que se encontraron en en los allanamientos que “marcaban que a estas personas que no sólo que le daban el beneficio sino que a estas personas le tenían que pagar un retorno; en ese cuaderno aparecieron anotaciones de nombres de personas que también cobraba el beneficio”. 

“Cerramos el círculo y procedía a imputar a todas las personas que participaron en el círculo de otorgar las pensiones por invalidez, entre los cuales se encuentra el señor intendente, su hija que era la delegada de ANSES, los empleados de la oficina de ANSES de ahí de Taco Pozo, médicos del hospital, algunos habían sido directores y otras personas que trabajaban en la administración pública municipal y provincial. También hay médicos de otras provincias intervinieron en la confección de los certificados médicos apócrifos”, amplió.

Además la información disparó una segunda investigación que involucra a unos 23.000 casos en otras localidades de la provincia. “En el medio de la investigación, se me ocurrió que podía repetirse esto en algunas otras localidades y le pedí un informe a ANSES y a Andis y nos contestaron que, por ahora, hay un número importantísimo también que asciende, en un informe parcial, a 23.206 pensiones repartidas en las ciudades de Sáenz Peña, Charata, La Breñas, Pinedo, Villa Ángela, Tres Isletas, Castelli, entre otras. Tenemos una ardua tarea por delante respecto de eso”, advirtió. 

Se avanza ahora en las indagatorias de las 13 personas imputadas y el fiscal señaló que “ya están indagados un montón”, además adelantó que concluirán entre el 20 y 22 de agosto y que el intendente y la delegada de ANSES “tienen fecha el 19 o 20 de agosto”. 

“En la causa tengo estas 13 personas que se ha imputado que cada una cumplió un rol y una función, esa situación seguramente se va a repetir en las demás localidades con otros actores o no. Pero, 13 personas para que se pongan de acuerdo para hacer es mucho, por esa misma razón califique esto jurídicamente como asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público y por fraude en perjuicio de la administración pública”, remarcó.

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