La Jueza de Instrucción Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó al exsuboficial de la Dirección de Investigaciones de la Policial del Chaco, Gabino Manader, por las detenciones irregulares y la aplicación de torturas, considerándolas  crímenes de lesa humanidad, contra los párrocos  Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa. Fueron hechos ocurridos en 1974, en la Alcaidía de Sáenz Peña.

Los eclesiásticos Nuñez y Testa pertenecieron en los inicios de los años 70 al Movimiento Rural Católico y luego fueron parte de la creación del movimiento Las Ligas Agrarias que agrupaba a pequeños productores.

Siendo los responsables de las Parroquias de Quitilipi y Machagai, fueron detenidos el 14 de abril de 1974 por la Policial del Chaco y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña. Allí sufrieron torturas durante varios días a manos de una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policial del Chaco, encabezada por el Jefe y subjefe, comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel. A estos se les sumó, Manader y el agente, José María Cardozo. Los policías Thomas, Ceniquel y Cardozo se encuentran fallecidos .

La reconstrucción de los hechos realizada por la jueza se asienta en los relatos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos como Carlos Páez y Aureliano Villán, testimonios de  monjas y laicas como Nuria Puiggros Sampere, Ruth Ligia María Rodríguez, Epifanía Ceferina Neira y Maria Luisa Wagner, además de actuaciones judiciales e informes médicos de la época .

En su resolución, la jueza sostuvo que se puede apreciar que los relatos de los denunciantes, testigos y documentación mencionada, son coincidentes a los fines de corroborar la hipótesis delictiva, con el grado de certeza propio de la instancia y permiten establecer que Nuñez y Testa fueron privados de su libertad conforme sus relatos, que presentaban lesiones producto de los reiterados golpes padecidos en las dependencias policiales de Sáenz Peña.

“Sus relatos se muestran sólidos, concatenados entre sé e indicativos de que los autores de las agresiones eran cuatro o cinco personas de civil, que a su vez eran personal de la Brigada de Investigaciones, siendo identificados algunos de sus nombres por las víctimas”, indicó la jueza. “Advierto sobrados elementos que exponen la participación activa de Manader como parte del grupo de tareas, que operaba en la Dirección de Investigaciones, que se desplegaba realizando operativos en diversas localidades del territorio provincial”, añadió.

Los años de detención de Núñez y Testa

El Padre Joaquín Núñez, de la orden de los Franciscanos, estuvo después cinco años detenido en la Alcaidía Policial de Resistencia y en las cárceles federales U7, Rawson, Devoto y La Plata. En el año 1986, constituyó la parroquia de Caacupé en el humilde Barrio de Bella Vista, de Rosario, donde realizó un importante trabajo social durante muchos años. Falleció recientemente estando alojado en un Gerontocomio de la Congregación de los Franciscanos.

Por su parte, el Padre Gianfranco Testa, integrante de la orden Los Misioneros de la Consolata, estuvo detenido alojado en la Alcaidía de Resistencia y en la Cárcel Federal U7. Por su nacionalidad italiana, fue expulsado del país por el dictador, Jorge Rafael Videla, en 1978. Ejerció luego el sacerdocio en Nicaragua y Colombia y actualmente reside en Italia.

El caso de los prelados es una ramificación de la causa Ligas Agrarias. El 25 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia juzgó a los responsables de los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias, Eduardo “Ñaro” Gómez Estigarribia y Carlos Píccoli y por tormentos a los trabajadores rurales Santos e Hipólito Brítez y Modesto Meza.

En esta causa, el tribunal condenó al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli y al policía Alcides Sanferraiter a la pena de prisión perpetua por los asesinatos. Al comisario, José Rodríguez Valiente por el encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un “enfrentamiento” y al comisario general, Eduardo Wischnivetzky, a 18 años de prisión por los tormentos a trabajadores.

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