La Universidad Nacional del Chaco Austral no es ajena a la realidad que están viviendo hoytodas las Casas de Altos Estudios de la República Argentina, debido al veto total de la Ley deFinanciamiento Universitario, desconociendo cómo funciona constitucional y legalmente elsistema de control del sector público. Cabe aclarar que la mencionada Ley tiene como objetivodeclarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el ejerciciopresupuestario 2024 y atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y serviciosesenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos defuncionamiento de todas las universidades nacionales.

La UNCAUS, además, eleva la voz del profesor de Derecho Constitucional y de DerechosHumanos de la UBA y la UNLPam, Andrés Gil Domínguez, que brindó una nota de opinión enel diario digital “Clarin”, expresando que “tal como surge del artículo 85 de la Constituciónargentina y de la ley de administración financiera y de los sistemas de control el sector público(ley 24.156), dicho sistema está conformado por el control interno y el control externo. Ambosbuscan garantizar la eficiencia, legalidad y transparencia en la administración de los recursos del Estado”.

Además, el mismo hace mención a que “en torno a las universidades nacionales, el art. 59 “bis”de la ley de educación superior (ley 24.521) lo define claramente: el control interno es realizadopor los órganos de auditoría interna de cada universidad y el control externo es competenciadirecta e indelegable de la Auditoría General de la Nación”, expresó.

“En el ámbito de las universidades nacionales, las unidades de auditoria interna (cuyosmiembros son designados por los Consejos Superiores integrados por profesores, alumnos,graduados y no docentes) se encargan de ejercer el control interno”.

Además, Gil Domínguez opinó que “en virtud de la autonomía y autarquía de las universidadesnacionales consagradas por la Constitución, el Poder Ejecutivo Nacional no titulariza ningunapotestad de control interno sobre estas o de supervisión del control interno que las mismasrealizan a través de sus unidades de auditoria; las universidades nacionales no deben rendirle“ninguna factura” a un funcionario de segunda línea, que ni siquiera ejerce funciones de control.El control externo es ejercido de manera posterior a la gestión auditada por parte de la AuditoríaGeneral de la Nación –órgano dependiente del Congreso de la Nación- abarcando aspectospatrimoniales, económicos, financieros y operativos”.

“El sistema de control interno y externo del sector público procede de manera posterior a lagestión, por dicho motivo, no tiene ninguna viabilidad argumental sostener que el PoderEjecutivo puede obstruir una ley sancionada por el Congreso que actualiza partidaspresupuestarias para ser invertidas en gastos de funcionamiento y recomposición salarial porque primero las universidades nacionales “deben mostrar las facturas”.

A modo de síntesis, no existe ningún fundamento constitucional o legal que vincule laasignación de recursos por parte del Congreso a las universidades públicas con el ejercicio delos controles internos y externos de las gestiones universitarias.