Por Bruno Martínez
 
¿Quién es G.K.C.?Es una abogada de 42 años que trabaja en la Defensoría General de la Provincia. Reside en el Barrio Provincias Unidas, en Resistencia, junto a su hermano, B.C., un hombre de 46 años que actualmente se encuentra desocupado. Participa regularmente en un grupo religioso, y sus vínculos más cercanos incluyen a su otro hermano, G.C., de 48 años, quien trabaja como empleado en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno del Chaco, y a un amigo identificado con las iniciales J.T. Según los relatos recolectados por los profesionales que la asistieron, a lo largo de su vida su padre restó importancia a la necesidad de un tratamiento, justificando que su hija estaba bien y que simplemente era “una persona muy inteligente”.
¿Por qué su caso trascendió a los medios?El lunes 7 de octubre pasado fue noticia tras ser sacada por la fuerza de su vivienda para luego ser traslada en ambulancia al servicio de Salud Mental del Hospital Perrando, donde quedó internada. El caso trascendió debido a la espectacularidad del operativo policial montado para retirarla de su casa, el cual se viralizó en los medios de prensa y en las redes sociales. Participó no sólo la comisaría de la jurisdicción, sino también la división Infantería y hasta el Comando de Operaciones Especiales de la Policía del Chaco. Había policías encapuchados, armados, con escopetas y escudos. La situación se parecía más a la detención de un narcotraficante que a un operativo para trasladar a una mujer con problemas de salud mental.
Tras dos horas de negociación, y debido a la reticencia de la abogada de subirse a la ambulancia por su propia cuenta, los uniformados rompieron con un ariete el portón de acceso a la vivienda y varias aberturas, entre ellas la puerta principal y la de una habitación. Al notar el ingreso del personal policial, la mujer intentó escapar por los techos junto con su hermano. De todos modos, lograron reducirla, le aplicaron un sedante y un antipsicótico y posteriormente la trasladaron hasta Salud Mental.

Los vecinos entorpecieron el operativo.El caso generó suspicacias, conspiraciones y operaciones de prensa que tenían como blanco principal a la Defensora General de la Provincia, Alicia Alcalá, quien fue la encargada de activar el protocolo de Salud Mental. Sin embargo, algunos vecinos aseguraron que G.K.C. en realidad fue internada a la fuerza en represalia por supuestamente haber denunciado que un expediente (no dijeron cuál ni de qué se trataba) había sido “cajoneado”. “Evidentemente a alguien molesta y la respuesta fue internarla”, dijo José Wettstein, que en una de las manifestaciones se presentó como abogado de la mujer. Por su parte, el diputado oficialista, Samuel Vargas, pidió que se le inicie juicio político a la Defensora General y dijo que Alcalá “se excedió”. En tanto que el Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción del Chaco -conducido actualmente por la exsubsecretaria de Justicia del gobierno de Zdero- manifestó su “preocupación” por el procedimiento policial utilizado al cual calificaron de “violento”.
¿G.K.C. tiene alguna enfermedad?Sí. Su diagnóstico es de “trastorno psicótico con delirio crónico”, según indicó el equipo que la trata actualmente, conformado por el psiquiatra, Juan Funes; la trabajadora social, Guillermina Córdoba y la licenciada en psicología, Anahí Sagardoy. Es paciente del Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando desde 2021.
¿Qué características tiene su trastorno?El trastorno que padece G.K.C. está caracterizado por presentar ideas delirantes de tipo persecutorias, de daño y perjuicio, conducta amenazante, irritabilidad y agresividad verbal, hacia otras personas, y física, hacia objetos. Este trastorno mental está detallado en el código F22 de la CIE 10 (Clasificación Internacional de las Enfermedades, confeccionada por la Organización Mundial de la Salud) y también en el DSM-5, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
Pero antes, corresponde aclarar qué es un delirio. Un delirio es una falsa creencia caracterizada por la reiteración de pensamientos absurdos e incoherentes que la persona acepta con total convicción a pesar de que las evidencias demuestren lo contrario. Los subtipos más comunes son: delirio persecutorio (la persona cree que está siendo perseguida, espiada, acosada o que alguien está conspirando en su contra); celotípico (la persona está convencida de que su pareja le es infiel, sin tener pruebas objetivas); de tipo grandioso (la persona tiene una creencia exagerada sobre su propia importancia, poder, conocimiento o identidad); erotomaníaco (la persona cree que otra persona, generalmente de un estatus social más alto, está enamorada de ella); somático (la persona está convencida de que tiene algún defecto físico o una enfermedad médica); mixto (la persona presenta delirios de más de un tipo, pero ninguno predomina) y no especificado (los delirios no encajan claramente en las categorías anteriores).
En la CIE-10, el código F22, el que le fue diagnosticado a G.K.C., se refiere a los trastornos delirantes persistentes, que se caracterizan por la continuidad en el tiempo de creencias falsas e inamovibles que no se basan en la realidad. Estos delirios pueden interferir significativamente con la capacidad de la persona para ser alguien funcional en la sociedad, afectando su vida personal y laboral.
En el manual DSM-5, por su parte, se establece que el trastorno delirante del subtipo persecutorio se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia del paciente que están conspirando en su contra o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento y apariencia cuando no se habla acerca de sus ideas delirantes o se actúa en base a ellos.
¿Es la primera vez que la internan a la fuerza?No. El año pasado tuvo dos internaciones. Una fue del 17 de octubre (estuvo internada en el Servicio de Salud Mental hasta el 25 de octubre) y la otra el 3 noviembre, cuando se acercó al hospital Perrando para realizarse controles. En esa ocasión estaba descompensada y se decidió internarla hasta el 10 de noviembre.
¿G.K.C. estaba trabajando al momento de su internación?No. Desde el 1 de febrero de este año se encuentra con licencia por enfermedad. En cumplimiento del Reglamento Interno del Poder Judicial, los médicos forenses no autorizaron su reincorporación. El 30 de abril de este año, la abogada se acercó al Equipo Interdisciplinario que la trata en el Hospital Perrando para que le den el alta laboral porque quería regresar a su puesto en la Defensoría General. Sin embargo, su reticencia a tomar la medicación y a continuar su tratamiento psicoterapéutico hizo que su pedido sea rechazado. En las condiciones en las que estaba, no podía volver a trabajar.
El informe, firmado por el médico psiquiatra, Juan Funes y por la trabajadora social, Guillermina Córdoba, relata que tras su última alta (el 10 de noviembre pasado), a G.K.C. se le indicó tratamiento ambulatorio con medicación vía oral: Risperidona (medicamento antipsicótico) 3 miligramos por día; Diazepam (un ansiolítico), 10 miligramos diarios y medicación de depósito (antipsicóticos inyectables de acción prolongada), Risperdal Consta, 25 miligramos (una ampolla cada 15 días), además de tratamiento psicoterapéutico. Aclararon sin embargo que la paciente discontinuó dicho tratamiento desde diciembre de 2023 (es decir, a los 20 días de su alta de internación), no asistiendo a los controles pautados, negándose a recibir tratamiento psicofarmacológico.


Cuando concurrió al Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando a solicitar que se le autorice regresar a su trabajo, continuaba con sus ideas “delirantes de tipo persecutorias y de daño y perjuicio objetivadas en su ámbito laboral”, según dejaron asentados los profesionales del Equipo tratante. En cuanto al tratamiento, señalaron que la mujer no asume que padece una enfermedad mental. “La paciente continúa negándose de manera rotunda a realizar tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico por lo que no es posible otorgar el alta de un tratamiento que no realiza. Se considera que no se encuentra en condiciones de retomar la actividad laboral”, agregaron.
¿Hubo una visita del equipo de Salud Mental previo al operativo policial del 7 de octubre?Sí. El 4 de octubre, tres días antes. Ese día se realizó una visita domiciliaria para la evaluación de G.K.C., de acuerdo a lo solicitado mediante oficio por la Defensora General, Alicia Alcalá. En aquella ocasión la abogada no autorizó el ingreso del equipo de salud mental. Desde el interior de su casa, detrás del portón del frente, se mostraba “con discurso delirante, irritable, inquieta, con vociferaciones, negativista a intervenciones”, de acuerdo al informe del equipo interdisciplinario. También aseguró que había discontinuado el tratamiento y continuaba sin reconocer su enfermedad. En el interior de la vivienda también se encontraba su hermano mayor, G.C., quien comentó que la mujer presentaba “conductas de riesgo”, tales como “conducción temeraria de vehículos, irritabilidad y conductas desorganizadas, condicionada por ideación delirante de tipo persecutoria, así como también realizó múltiples demandas en su lugar de trabajo en el cual se encuentra de licencia debido a la patología mental no tratada”.
El equipo interdisciplinario dejó constancia que en reiteradas ocasiones se contactó con G.K.C. para que acceda a intervenciones de manera ambulatoria, sin resultados favorables. Además, se dejó en claro que el hermano de G.K.C., con quien convive, colaboró en la obstaculización de la intervención y se sospecha que tendría características psicopatológicas similares a ella.
Ante esta situación, se solicitó a la fiscal en turno, Ana González de Pacce, autorización para ingresar al domicilio, medida que no fue autorizada por la funcionaria judicial a pesar de la recomendación del personal de salud mental. Se decidió suspender el operativo.
¿Cómo fue la secuencia completa de aquel día en donde la policía ingresó por la fuerza?El lunes 7 de octubre se realizó por la mañana una reunión intersectorial de manera virtual solicitada por la Defensora Alcalá, teniendo en cuenta la situación de riesgo en la que se encontraba G.K.C., quien decidió discontinuar su tratamiento y no recibir al equipo de salud mental. En la misma participaron representantes del Ministerio de Salud del Chaco, la Dirección de Salud Mental, autoridades policiales, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando. La reunión tuvo como fin coordinar estrategias de intervención para asegurar que la paciente reciba el tratamiento adecuado, acordando una nueva intervención de urgencia en su domicilio y posterior internación. Se justificó la medida en el hecho de que la mujer, en las condiciones en que se encontraba, era un riesgo para sí y para terceros. De dicha reunión también participó la fiscal González de Pacce.
Ese mismo día, pero a las 13.15, el psiquiatra, Juan Funes y la psicóloga, Virginia Di Giussepe, llamaron a la policía. Fue tras intentar de manera infructuosa convencer otra vez a G.K.C. de trasladarla al hospital Perrando para que retome su tratamiento, en cumplimiento del oficio remitido por la Defensoría General en donde se ordenó dar “inmediata intervención” al Equipo Tratante Interdisciplinario del Servicio de Salud Mental a efectos de “garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de la señora G.K.C.”. Dicho oficio (que reitera el realizado el 19 de septiembre pasado) tuvo como base un informe firmado por el psiquiatra, José Agüero, del Instituto Médico Forense del Poder Judicial quien al evaluar la situación de salud de G.K.C., dentro del marco de su licencia laboral por enfermedad, le solicitó a la Defensora General que considere “la intervención urgente del Equipo Tratante Interdisciplinario con el fin de realizar una evaluación actualizada, valoración de indicadores de riesgo informados oportunamente por los profesionales de la salud mental y constatados en Juntas Médicas e instaurar el tratamiento más adecuado” para, eventualmente, reubicarla en otro puesto de trabajo, “antes de proceder a tramitar la restricción a la capacidad y la jubilación por invalidez”.
En respuesta a la llamada, personal policial de la comisaría Undécima intentaron persuadir a la abogada que acompañe al personal de Salud. Con amenazas de denuncias para todos, les reiteró que no iba a salir bajo ninguna circunstancia y que no va a internarse. Mientras tanto, un grupo de vecinos comenzaron a acercarse al lugar. Todos coincidieron en que no iban a dejar que la policía y el personal de Salud se lleve a G.K.C., y decidieron apostarse frente a su casa para impedir el traslado.

Foto: Diario ChacoEn ese marco, el psiquiatra Funes les reiteró a los jefes policiales presentes que, en base a la Ley de Salud Mental Nacional y Provincial y el Protocolo de Actuación, la policía debía ingresar al domicilio para asegurar la vida y la integridad física tanto de G.K.C. como de su hermano, B.C.
Ante este pedido, los encargados del operativo policial se comunicaron con la fiscal en turno, Rosana Soto, preguntando qué hacer. La fiscal respondió que no iba a intervenir porque lo que ocurría ahí no era un delito, y lo que correspondía en este caso era aplicar el Protocolo de Actuación de la Ley de Salud Mental.
Minutos más tarde llegó el mediador policial, Cristian Ramírez, para intentar, una vez más, persuadir a la abogada para que voluntariamente se suba a la ambulancia. Pero la decisión de la mujer ya estaba tomada.
En simultáneo, se llamó al Cuerpo de Operación Especiales de la Policía y a un Grupo de Infantería para que procedan a realizar un cordón policial. Esto, con la intención de evitar que los vecinos (unos 20 para ese momento) obstruyan el operativo. Vale la pena dejar en claro esto: fueron pocos los policías para ejecutar el traslado en sí, acompañando al equipo de Salud Mental. El resto estaba dedicado a desalojar a los vecinos que se apostaron en la vereda para evitar que se lleven a la abogada. Consideraban que la intervención era ilegal y que la iban a impedir.
Luego de casi dos horas de tratar de convencer a la abogada que salga y de lidiar con los vecinos, la Policía decidió entrar. Primero, rompieron el portón de entrada, la puerta de acceso y otras aberturas más. Cuando ingresaron a la casa, vieron que G.K.C. y su hermano B.C. estaban subidos al techo del vecino, intentando escapar. Lograron interceptarla y personal de salud le administró Haloperidol 5 mg (antipscicótico) y Lorazepam 4 miligramos (sedante). Luego, la subieron a la ambulancia y la trasladaron hasta el Hospital Perrando donde quedó internada.
¿Hay alguna causa abierta en relación al procedimiento policial y a la internación involuntaria?Si. Hay tres expedientes en la Fiscalía 3, a cargo de la fiscal Rosana Soto y uno, de control de legalidad de la internación, en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 4, a cargo de la jueza Vilma Almirón.
En la fiscalía 3, el expediente principal es el Nº 33064/2024-1 “C.B., s/ denuncia daños”, impulsado por el hermano de G.K.C. producto de las averías que sufrió su casa por parte de la policía. Además, se agregaron el Nº 33405/2024 “Comité para la Prevención de la Tortura (Ref. G.K.C.) s/ remite actuaciones” y el Nº 33289/2024-1 “Aquino, Celia Nilda s/ denuncia”. “El Equipo Fiscal 3 recibirá declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba que puedan ser incorporados a la causa a los fines de la investigación penal preparatoria”, informó la Procuración a través de un comunicado.
Por otra parte, en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 4 se tramita la causa “C.G.K S/Control de Legalidad – Ley 26657”, expediente N° 38830/2024-1. En este expediente ya se produjo un informe clave. Con fecha del 15 de octubre y firmado por Natalia Centurión, coordinadora a cargo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia del Fuero Civil, se concluyó que G.K.C. fue internada de forma involuntaria debido a una “descompensación del cuadro psicopatológico” que padece.
El Equipo consideró necesario “continuar con la internación involuntaria” ya que se han “agotado las alternativas de tratamiento ambulatorio”. Además, señalaron que por la complejidad del caso y la ausencia total de conciencia por parte de la paciente de su condición -lo cual dificulta el tratamiento- la predispone a una “inminente recaída en su enfermedad mental”. Por este motivo, sugierieron que la externación se plantee incluyendo una red comunitaria de apoyo y a su referente familiar, G.C., su hermano mayor.
¿Fue legal el operativo?La Policía del Chaco y la Defensoría General sostienen que sí lo fue. Se sustentan en la aplicación de la Ley 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental), Ley 2339-G (Adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental), Ley N° 3381-G (Protocolo de Intervención para los Agentes de las Fuerzas de Seguridad y de Efectores de Salud en Situación de Intoxicación por Consumo de Sustancias Legales e Ilegales), y los alcances del Art. 213 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco y del artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sostienen que G.K.C. era un riesgo para sí y para terceros y por lo tanto, ante la negativa de su traslado voluntario, debía retirarla de su vivienda por la fuerza. El procedimiento establece que una vez concretado el traslado, interviene el juzgado de Niñez y Familia de la jurisdicción para constatar la legalidad del procedimiento.
En respuesta a un hábeas corpus presentado por el abogado litigante, Juan Arregín, los abogados de la Jefatura de Policía del Chaco, Gustavo Kubicek y Walter Kiverling, remarcaron además que el procedimiento policial fue acorde con las normativas vigentes, que se cumplieron todos los pasos previos antes de ingresar por la fuerza a la vivienda y también algo que parece obvio, pero que en este caso vale la pena dejar en claro. “Si ante el requerimiento del personal médico tratante y la Defensora General no se hubiere colaborado en arbitrar mecanismos de colaboración para lograr la internación de la Sra. G.K.C. y esta hubiere sufrido al momento o luego alguna situación que concretara ese peligro a su persona o terceros, hoy estaríamos hablando e imputando a la Policía del Chaco por inacción u omisión”.
¿Fue exitoso el operativo?Si se tiene en cuenta que sólo hubo daños materiales (un portón, algunos vidrios y puertas de la casa resultaron averiadas), que G.K.C. no sufrió lesiones y que salió caminando, que se evitó que se pusiera en riesgo a sí misma cuando intentó escapar subiéndose al techo del vecino y que, efectivamente, se la pudo trasladar al servicio de Salud Mental como fue requerido con urgencia, la respuesta es que sí, fue exitoso.
En este sentido, es imposible no referenciar situaciones similares en donde el accionar de la Policía del Chaco fue realmente violento y criminal. Sin ir más lejos, el 2 de junio pasado, a cinco cuadras de la Casa de Gobierno, un grupo de asalto del Comando de Operaciones Especiales de la Policía del Chaco baleó en el pecho con postas de goma a un joven con esquizofrenia, quien estaba atravesando una crisis de salud mental. Las municiones le rompieron el esternón y casi llegan al corazón. Tras ser intervenido quirúrgicamente, salvó su vida de milagro. Por este brutal accionar, existe una causa abierta en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Menos suerte tuvieron Diego Barreto y Leo Bravo. Diego Emanuel Barreto tenía 25 años y un hijo de 4. El 13 de febrero de 2020 en Resistencia, policías lo redujeron, torturaron y asfixiaron hasta provocarle la muerte mientras él se encontraba en estado de excitación psicomotriz en plena calle. La causa llegó a juicio por jurados. El 5 de julio pasado, el oficial ayudante, Gastón Iván Delfino, fue declarado culpable por el delito de homicidio culposo.
Leo Bravo, por su parte, tenía 37 años, y ya había sido detenido anteriormente por consumos problemáticos. La calurosa siesta del 26 de febrero de 2022, fue perseguido por un grupo de policías mientras se dirigía a un quiosco en Charata. Al notar la persecución, buscó refugio en la casa de una vecina que solía recibirlo. A pesar de los intentos de la vecina por mediar, los policías lo obligaron a salir. Recordando las detenciones previas, Leo entró en crisis. Ocho policías, distribuidos en dos móviles, lo persiguieron y le apuntaron con un arma. Lo patearon, lo redujeron, lo esposaron y presionan su pecho contra el capó del móvil policial. Las maniobras de compresión le provocan asfixia, llevándolo a la muerte. Por este asesinato en custodia policial, están siendo juzgados cuatro policías acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte.
¿G.K.C. tuvo problemas en otras oficinas del Poder Judicial?Si. Hasta 2020, la abogada se desempeñaba en el juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia. Fue transferida por recomendación de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos desde donde se le propuso a la Defensora General que la tome, debido a que tuvo algunos inconvenientes con el titular de ese juzgado, Martín Salgado. Fuentes de la Defensoría aseguraron a LITIGIO que la información que recibieron de ella, su condición y los problemas que tuvo en ese juzgado estaba incompleta y matizada. “Nos la enchufaron”, aseguran.
G.K.C. fue ubicada en la Defensoría del Barrio Güiraldes. Con su llegada, el ambiente laboral fue empeorando día a día. Así lo reconoció la Defensora del Güiraldes, Silvia Pesce, en un informe elevado a la Defensora General el 19 de agosto de 2022. En ese reporte señaló que G.K.C. “nunca se pudo adaptar a la forma de trabajo, siempre se le explicó todo, por todos los compañeros y jefa”. “Habiendo pasado casi dos años desde su ingreso, el ambiente de trabajo cada vez fue empeorando. Porque ella tiene como ciclos, días que está sumisa, amigable, días que dice que no entiende nada de cosas que generalmente son de nuestro procedimiento básico. A raíz de eso, se empezaron a dejar todas las indicaciones en resoluciones internas para que pueda leer cualquiera y refrescar lo indicado por la Defensora. Pero no surtió efecto en ella”, indicó.
En dicho informe, recordó una situación que terminó siendo el detonante de otra peor. El 12 de agosto de ese año, G.K.C. se acercó con un legajo recriminándole el “reto” que le dejó Pesce por escrito en dicha actuación. G.K.C dijo que ella no había cometido el error que se le atribuía, a lo que Pesce se disculpó, pero aclaró que no era algo contra ella, sino que se dejó asentado como una premisa general a seguir para todos. La abogada continuó recriminándole la forma en que lo expuso, remarcando que siempre la cuestionaban por su trabajo. “Fue un muy mal momento, tal es así que tuve que tomarme un tranquilizante”, contó Pesce.
El 19 de agosto, una semana después de ese hecho, G.K.C. comenzó el día muy errática. Temprano por la mañana, de un momento a otro, se puso de pie y empezó a hablar en voz alta dirigiéndose de mala manera a quienes se encontraban en la Defensoría Barrial. “Dijo que quería poner en claro todo, que hoy se tenía que solucionar y que no importaba si teníamos que quedarnos hasta las 12 de la noche”, rememoró la Defensora barrial.
G.K.C. empezó a decir incoherencias: se refirió a que se sentía como si estuviera en la cuarentena, encarcelada sin haber cometido un delito; que una vez la quisieron matar y que tenía pruebas de eso; que tenía miedo en la oficina porque había una sola salida y estaba con llave; que quería aclarar las cosas pero que “no se enteren los malos” y que en la Defensoría le tocaron su celular, entre otras cuestiones de ese tenor, con ideas inconexas que no terminaba de cerrar. Mientras brindaba su particular discurso, uno de los empleados de la Defensoría le preguntó a quién estaba acusando. Y ella respondió: “No me mires con esa cara de no saber nada, sabes muy bien lo que pasa acá”. Continuó diciendo que iba a presentar una denuncia por violencia laboral, pero necesitaba que le ayuden a redactar el escrito. Reconoció que no tenía intenciones de estar ese día presente en su trabajo, pero lo hizo por “Dios, por la ciudad, por el país” y que después iba a contar algo más.
Luego de eso, se calmó. Le confesó a la Defensora Pesce que estas situaciones eran recurrentes en ella. “Me dijo que siempre le pasa así, si ella grita y dice todo, que después es una luz, que se siente liberada”, contó. Recordó también que pidió que llamen a su iglesia (“Iglesia de Dios”) o a sus familiares, para que recen por ella. Luego, agarró sus cosas y se retiró.
Este episodio provocó que los trabajadores de la Defensoría eleven una nota a la Defensora General pidiendo que tomen medidas a fin de “evitar tener que volver a pasar por dicha situación”. Los empleados judiciales reconocieron que “por los sucesos que pasamos ese día, no pudimos cumplir con nuestras tareas habituales dado que los gritos y agresiones, así como las acusaciones que realizaba nuestra compañera de trabajo G.K.C. impidieron poder concentrarnos, puesto que no solamente teníamos miedo por nosotros, sino también por las personas que venían a buscar asesoramiento”. Una nota similar fue enviada por los mismos empleados a la secretaria General de la Asociación de Trabajadores Judicial, Graciela Aranda, pidiendo la urgente intervención del sindicato para “evitar que se produzcan hechos más graves”.

Los vecinos se manifestaron en la Defensoría General.El 19 de septiembre, la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz decidió la suspensión preventiva de G.K.C. atento a las reiteradas denuncias por malos tratos que recibió por parte de sus compañeros de trabajo, las cuales incluían gritos, acusaciones constantes y amenazas de denuncias, entre otras. Quien decidió darle una nueva oportunidad a la abogada fue, paradójicamente, quien hoy está siendo presentada como la villana de la película. A través del oficio 93/22, fechado el 23 de septiembre de 2022, la Defensora Alcalá decidió trasladar a G.K.C. a la sede de la Defensoría General para que trabaje en una oficina, cerca de ella. Tres días más tarde, a solicitud de Pablo Maciel, a cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, se le realizó una examen psiquiátrico. Ramiro Isla, psiquiatra del Instituto Médico Forense, le diagnosticó “trastorno psicótico no especificado” y concluyó que la mujer estaba atravesando en ese momento un “episodio psicótico agudo, sin control sobre sus pensamientos y conducta”. Recomendó que realice tratamiento psiquiátrico y que tome licencia laboral por 30 días.
¿Cómo se encuentra en este momento G.K.C.?Fue dada de alta del Servicio de Salud Mental este jueves, tras diez días de internación. El último informe al que accedió LITIGIO es del martes de esta semana (en el octavo día). En ese momento se recomendó que la paciente siga internada debido a que aún no estaba estabilizada. Firmado por el psiquiatra, Juan Funes; la Licenciada en Psicología, Anahí Sagardoy y la Trabajadora Social, Guillermina Córdoba, todos integrantes del equipo que actualmente la trata, el documento señala que la paciente se encontraba vigil (despierta y atenta), orientada globalmente, euproséxica (con capacidad de atención funcional y adecuada), eumnésica (memoria normal), con pensamientos de curso normal y contenido con ideas “delirantes sistematizadas tipo persecutorias y de daño, objetivadas en su ámbito laboral, las cuales también vincula con personal de salud tratante”.
Además, sostiene que G.K.C. presenta “juicio desviado”, no tiene conciencia de su enfermedad, mostrándose reacia a realizar el tratamiento ambulatorio, condicionada también por “ideas delirantes místicas”, presentando reticencia a recibir medicación indicada durante su internación, razón por la cual se planteó como estrategia terapéutica la administración de medicación antipsicótica inyectable de larga duración, de forma quincenal o mensual según cómo responda a la misma. En cuanto a su red de apoyo, G.K.C. recibió visitas diarias en el hospital de familiares y allegados, como así también de su abogado defensor, Alejandro La Regina. El informe detalla además que, de acuerdo a las entrevistas con familiares y allegados, se evidencia que las características patológicas de G.K.C. son de larga data. “Se considera importante”, añadieron los profesionales,  “que la paciente continúe recibiendo el tratamiento en la modalidad de internación hasta estabilización psicopatológica”.
¿El caso fue utilizado para una operación de prensa?Claramente. Y la destinataria exclusiva y excluyente fue la Defensora General. Incluso más que la policía. Si bien hubo una casi unanimidad en la forma en que se propagó la información en los medios locales (llena de inexactitudes y huecos informativos completados con especulaciones), lo cierto es que el medio que más peso tuvo en esto, por alcance, jerarquización en su agenda temática e influencia, fue Diario Norte.

Las notas sobre el caso en Diario Norte responsabilizan directamente a Alcalá.Varias tapas dedicadas al caso, con títulos altamente adjetivados, amarillistas y tendenciosos, del tipo “Operativo brutal contra una mujer” o “atrapada sin salida”, sumadas a las reiteradas notas en esa misma línea (“Virtual secuestro de una mujer en nombre de la ley”, “La Procuración toma distancia y Alcalá queda más expuesta en el operativo contra G.K.C.” y “Allanamiento brutal e internación: nadie se hace cargo del operativo”) muestran a las claras la intencionalidad del diario de los Romero Feris de mellar la imagen de Alcalá. Si a esto se le suma que la defensa de los derechos humanos no es un tema habitual en el catálogo informativo del diario, y que de repente, este caso, sobre un presunto abuso policial y judicial, aparece con llamativa frecuencia, la ecuación cierra aún más.
¿Quién está detrás de la operación contra Alcalá?La sospecha apunta directamente al gobierno provincial (principal anunciante de los grandes medios locales). El motivo: el malestar del Ejecutivo chaqueño con una serie de actuaciones en donde intervino la Defensoría General, frenando abusos policiales y exigiendo que se garanticen el derecho de los adultos mayores.
Para ejemplo, vale recordar dos casos recientes: el de las razzias en Quitilipi, donde el defensor oficial 2 de Sáenz Peña, Matías Jachesky, logró un hábeas corpus colectivo y preventivo para que cesen las detenciones arbitrarias a jóvenes pobres de esa localidad (medida que fue confirmada hace pocos días por el Superior Tribunal de Justicia) y la cautelar dictada por el juez Civil 21, Julián Flores, que le ordenó al gobierno de Leandro Zdero garantizar las condiciones de vida de las personas residentes un geriátrico ubicado en la localidad de Colonia Baranda, a 40 kilómetros de Resistencia, quienes eran alojados en condiciones paupérrimas. Esta medida judicial fue dictada en el marco de una acción de amparo iniciada por la defensora civil 1 de Resistencia, Magalí Ortega.

Una de las tapas de Norte dedicadas al caso.Evidentemente algún sector del Ejecutivo quiere colocar a alguien funcional en ese cargo. De hecho, la decisión del diputado provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Samuel Vargas, de iniciarle juicio político a Alcalá va en ese sentido. A esto se le suma otra cuestión más: la actitud tomada por el Superior Tribunal de Justicia, el cual aturde con su llamativo silencio.

Fuente Litigio.com